Se han reconstruido más de 1.300 viviendas y regenerado diferentes barrios.
Sin embargo, la justificación de las ayudas a los afectados sigue siendo un quebradero de cabeza para muchos de ellos
Hace ocho años el barrio de San Fernando, en Lorca, no era el mismo de hoy. El terremoto que cambió la historia de toda la ciudad el 11 de mayo de 2011 supuso también demolición y reconstrucción completa de los 9 bloques de viviendas de este barrio humilde. Hace apenas un mes que los vecinos recibieron las llaves de sus nuevas viviendas y que acabaron las obras de urbanización.
Una de esas familias es la Laura, que nos cuenta que "ha sido una semana complicada", porque al traslado había que sumar que su hijo hace la comunión este sábado: "Había ganas de volver, claro que sí". En el parque María pasea a su pequeño perro mientras su nieta se balancea en un columpio: "Yo no soy de aquí, pero me gusta venir con mi nieta, lo han dejado muy bien. Y me alegro por toda esa gente que por fin ha podido volver a sus casas".
En este barrio podemos seguir el recorrido de todos y cada uno de los obstáculos que han jalonado hasta 2019 el camino de la recuperación de Lorca tras aquella catástrofe.
Desde el retraso en el pago de las ayudas públicas para reconstrucción o para un alquiler por realojo a las que podían optar los afectados, a la lentitud en el avance de las obras, los recovecos administrativos y burocráticos de la administración pública o las propias discrepancias entre propietarios.
La reconstrucción
El número total de viviendas reconstruidas hasta la fecha asciende a 1.338. Esta cifra incluye un total de 64 edificios y 99 viviendas unifamiliares. Se están reconstruyendo otros tres bloques de viviendas (en Fuerzas Armadas, Avenida de Portugal y Travesía Ramón y Cajal). Según las cifras de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, en el último año se ha triplicado el número de viviendas de nueva construcción.
Zonas como La Viña, considerada la "zona cero" de los terremotos, ofrecen hoy una imagen muy diferente a la que tenían en 2011, con edificios renovados, mejor equipados y con más comodidades para sus vecinos.
Mientras tanto, aún avanza el proceso de regeneración urbana. Para ello, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Lorca cuentan con una préstamo concedido por el Banco Europeo de Inversiones de 180 millones de euros. Algunas de esas actuaciones ya se han ejecutado en barrios como La Viña, San Diego, Alameda de Cervantes o San José y Pérez Casas.
Sin embargo, otros proyectos mportantes como los de Avenida Santa Clara, barrio de San Antonio, Carretera de Caravaca o Jerónimo Santa Fe aún están a la espera y algunos ni se han contratado. Esto ha hecho que, por cuarta vez, el BEI autorice una nueva ampliación del plazo que se ha extendido de 2019 al 31 de diciembre de 2020.
Los expedientes
Durante este octavo año, muchas familias no han podido pasar página tras aquella catástrofe por el trámite de justificación de las ayudas públicas que recibieron para reparar sus viviendas: las exigencias de documentación por parte de la administración pública, en este caso la Consejería de Fomento, hizo que muchos de ellos se enfrentaran a un largo proceso burocrático que consideraban incomprensible.
Para agilizar este proceso se aprobó por la Asamblea Regional la Ley 8/2018 que flexibilizaba este proceso e incluía la creación de una memoria justificativa para que muchos de ellos puedan resolver su situación. Sin embargo, la lentitud en la puesta en marcha de esta cuestión, así como las dudas sobre los plazos de prescripción sobre los expedientes y otras indeterminaciones no contentó a muchos afectados.
Agrupados en torno a la Plataforma de Afectados por la Devolución de las Ayudas, llegaron a protagonizar sonoras protestas y hasta un encierro en el Ayuntamiento de Lorca. Muchos de ellos denunciaban haber recibido apremios de embargo por parte de la administración pública, que mantuvo sus cuentas corrientes bloqueadas hasta que se resolvieron sus expedientes.
A día de hoy, el Ayuntamiento de Lorca asegura haber revisado 1.684 expedientes de estos vecinos, de los que 814 ya disponen de su cuenta justificativa y el resto está en marcha. Sin embargo, aún se contabilizaría unos 40 a los que, por diferentes circunstancias, aún no se les ha encontrado una solución. En algunos casos, se les han notificado apremios de embargo por los intereses de demora generados por la parte de las ayudas correspondientes al Estado, ya que la Comunidad Autónoma decidió condonar su 50%.
La campaña
El 11 de mayo de 2011, Lorca se preparaba para los mítines y actos electorales de la campaña municipal que seguía su curso durante aquel día. Sin embargo, los terremotos transformaron las prioridades políticas. Ocho años después y habiendo pasado varias campañas nacionales, autonómicas y municipales–, los flecos aún pendientes de la recuperación siguen formando parte del programa electoral de las formaciones políticas que optan a la alcaldía de Lorca el próximo 26 de mayo.
Para el PP y su candidato, el alcalde Fulgencio Gil, "lo que nos falta es que el Gobierno Central cumpla con los damnificados y apruebe de una vez la bonificación del 50% del IBI, el convenio de 3 millones de euros para inversiones en pedanías y condone los interes a quienes recibieron ayudas públicas". En el horizonte de los populares para Lorca, se encuentra concluir los diferentes tramos de la ronda central de circunvalación o finalizar el centro de congresos y recinto ferial de IFELOR.
Tras su reciente elección como diputada nacional por el PSOE, la lorquina Marisol Sánchez Jódar se comprometía que esas cuestiones quedaran resueltas y a que el futuro proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado incluyera tanto la bonificación del IBI como la condonación de los interereses.
Desde IU, que este tiempo ha colaborado estrechamente con la Plataforma de Afectados por la Devolución de las Ayudas, su concejala Gloria Martín ha exigido que estos vecinos puedan "cerrar las heridas" ocho años después de la catástrofe. Ha criticado que el ejecutivo autonómico no haya dado "ni un solo paso para que la Agencia Tributaria de la Región facilite la devolución de las ayudas a los afectados que no pueden hacer frente a su reintegro". A ello, suma los intereses y recargos que han incrementado hasta un 40% la subvención inicialmente concedida.
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