La peor situación se da en las 19 freguesías (parroquias) donde se ha decretado "recogimiento domiciliario" y los vecinos solo pueden salir para trabajar, comprar medicamentos o alimentos, y no podrán producirse reuniones de más de cinco personas. Los barrios afectados están en los municipios de Amadora, Odivelas, Sintra, Loures y un barrio capitalino, Santa Clara.
El próximo 1 de julio, cuando está prevista la apertura de la frontera terrestre que Portugal comparte con España, la mayor parte del país pasará al estado "de alerta", que implica aún medidas de distanciamiento y protección que no alteran sustancialmente la vida diaria, aunque las reuniones sociales no podrán ser de más de 20 personas.
La situación actual contrasta con el inicio de la pandemia en Portugal, cuando los casos de coronavirus se concentraban en la región norte. Desde hace tres semanas, la región de Lisboa cuenta con 50 veces más casos que la de Oporto, según datos divulgados ayer por el diario luso "Público".
Línea de variación
La Direcção Geral da Saúde (DGS) informó ayer de que en las últimas 24 horas se notificaron seis por covid-19, que elevan a 1.555 las víctimas mortales y 40.866 infectados el balance oficial desde que comenzó la pandemia. La tasa de reproducción ha subido del 0,98% al 1,06%. Los internados en hospitales ascienden a 457, de los que 67 permanecen en la UCI.
"Hay un crecimiento de nuevos casos mayor, pero estamos todavía en una línea de variación que es previsible, manejable, controlable", dijo el primer ministro, el socialista António Costa, quien atribuye los malos datos al aumento de los test que se practican en las últimas semanas y a los brotes en colectivos de trabajo temporal y construcción civil. Costa admitió que la movilidad y el uso del transporte público han contribuido a la expansión. Por eso se reforzarán los servicios del área metropolitana lisboeta.
Multas a civiles y empresas
Las ilegales, motivo de brotes con cientos de contagios en distintas ciudades del país, son otro motivo de preocupación. Dispuesto a acabar con esta práctica, el Gobierno ya ha advertido que hará cumplir la ley y que habrá multas para quien se salte las normas. "Las Fuerzas de Seguridad dejarán de tener una función meramente pedagógica y pasarán a asegurar la aplicación de las normas mediante multas", advirtió Costa: entre 100 y 500 euros para los civiles y hasta 5.000 euros para las empresas.
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