El Defensor del Paciente asegura tener constancia de que la compañía reutilizaba material odontológico sin esterilizarlo
La asociación afirma
que ya alertó el pasado año a la Fiscalía General de que estos centros
no seguían los procedimientos recomendados para esterilizar el material,
según la denuncia de un odontólogo. Solicitan que se sometan también a
la de hepatitis C y otras enfermedades infecciosas.
Ante esta situación, el Defensor del Paciente envió un escrito alertando de ello al fiscal general del Estado en septiembre de 2017, documento en el que le pedían que actuara de forma urgente y que tomara medidas «porque el tema de iDental ha llegado a una situación que ha puesto en grave riesgo a todos los pacientes que han pasado por esas clínicas, miles de pacientes a los que se les ha tratado sin esterilizar el material», indica el texto. Hay que recordar que en Murcia son centenares los afectados que están denunciando y emprendiendo acciones legales contra la clínica al verse de la noche a la mañana sorprendidos por el cierre de su establecimiento en Cobatillas con sus tratamientos sin terminar, tal y como adelantó LA OPINIÓN el pasado 13 de junio.
Flores se muestra indignada y explica a esta Redacción que, «pese a nuestras advertencias y denuncias, la Fiscalía no ha hecho nada y ahora que ha saltado el escándalo del fraude de estas clínicas recordamos aquella situación que ya denunciamos el pasado año». La presidenta de la Asociación Defensor del Paciente asegura que en aquel momento también se dirigieron a las respectivas consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, entre ellas la de Murcia, «sin que nadie se haya movido al respecto».
En este caso creen que ahora cabe exigir al Ministerio de Sanidad que cada uno de estos pacientes sea sometido a las pruebas de sida, de hepatitis C y otras enfermedades infecciosas, «todas y cada una de ellas debe ser revisada y descartada».
La misma asociación se volvió a dirigir al fiscal general del Estado meses después (noviembre de 2017) para volver a denunciar el caso de iDental y en ese momento le manifestaron que la situación era «insostenible» con cientos de afectados por presunta estafa y desatención tras firmar y pagar por adelantado un tratamiento que después no recibían.
«Hemos pedido a todas y cada una de las instituciones que paren esto, pero no entendemos quien está detrás para hacer caso omiso de las denuncias y permitir que siguieran las clínicas abiertas», indica Carmen Flores, al tiempo que recuerda que el pasado mes de junio la Asociación Defensor del Paciente presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra iDental por un presunto delito de estafa, al haber cobrado a los clientes unos tratamientos que no han finalizado, «a sabiendas de que no se iban a poder ejecutar». En esa denuncia piden a la Fiscalía General que investigue los hechos acontecidos desde el año 2015 cuando, a través de una extensa campaña publicitaria, iDental ofrecía tratamientos bucodentales a precios muy bajos, presentándose como un «proyecto empresarial de responsabilidad social» .
Tras el cierre de las clínicas, la Consejería de Empleo de la Comunidad Autónoma se puso a disposición de los afectados y comunicó que ha abierto seis expedientes sancionadores contra esta compañía por 33 reclamaciones. Al tiempo que aseguró que los técnicos de Consumo realizaban inspecciones a iDental.
La mayoría de las reclamaciones denunciaban mala praxis y retrasos injustificados en el inicio de los tratamientos y durante su ejecución, retrasos que provocaban que los pacientes cancelasen el mismo y tuvieran problemas para la devolución del dinero. Ya desde mediados de 2017, a raíz del incremento del número de denuncias y reclamaciones, la Comunidad Autónoma decidió incrementar las inspecciones y comprobar posibles ilícitos penales. Asimismo, se remitieron al Colegio Oficial de Odontólogos las reclamaciones sobre mala praxis.
El director general de Comercio y Consumo, Francisco Abril, ha mantenido reuniones con el presidente del Colegio Oficial de Dentistas de la Región, Óscar Castro, de cara a estudiar las líneas de actuación ante el cierre de la clínica y sus efectos sobre los pacientes que han quedado desatendidos.
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